DE LA FEDERACIÓN MEDICA COLOMBIANA:
¿DÓNDE ESTÁN LAS VERDADERAS MAFIAS DE LA SALUD?
El domingo 13 de septiembre no leí el periódico por estar en la ciudad de Paipa con los directivos de las 5 organizaciones médicas de carácter nacional (ASMEDAS, Federación Médica Colombiana, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Asociación Médica Colombiana y Colegio Médico Colombiano), en donde buscamos posibles soluciones a los problemas del Sistema General de Salud y Seguridad Social colombiano y avanzamos en el proceso de unidad de los médicos.
Los resultados fueron satisfactorios, pues acordamos unirnos en la Federación Médica Colombiana e identificamos las probables etiologías de la enfermedad del Sistema a la luz de evidencias, cifras y hechos contundentes, desde que en Colombia la salud se trocó de derecho en mercancía, gracias a la ley 100 de 1993, según lo permitido por la Constitución Política del 91.
Evaluamos los proyectos de ley sobre reforma de salud y reglamentación del ejercicio y “empleabilidad” del “recurso humano” en salud, siendo dichos proyectos de origen estatal, parlamentario o gubernamental y en cuya elaboración participaron burócratas, tecnócratas, expertos, inexpertos, médicos y no médicos, industriales, empresarios del capital financiero, políticos y politiqueros.
Encontramos que, de esos proyectos, el 019 (iniciativa del senador Avellaneda, con la asesoría de profesionales médicos, no médicos y de expertos en temas presupuestales del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y el 098 (presentado por la Secretaría de Salud de Bogotá, pero que está huérfano de ponente), proponen modelos alternativos al actual sistema de salud y se aproximan en la búsqueda de una solución al problema desde la perspectiva de las necesidades de la salud del país. El 033 (presentado por la Academia Nacional de Medicina al senador Germán Vargas Lleras como ponente) propone una reforma de la ley 100. Los demás proyectos, también de carácter reformista, han sido asesorados por los intermediarios del negocio de la salud para su preservación como fuente generosísima de lucro.
Una consecuencia del lucro, fomentado explícitamente por la ley 100 de 1993, es la corrupción, que ha llegado al extremo de convertir a algunas ARS en las regiones ya denunciadas hace unas semanas por el gobierno y los medios de comunicación, en soporte económico del paramilitarismo, con dineros de las personas mas pobres del país, tanto las supuestamente amparadas por el régimen subsidiado como las que ni siquiera alcanzan a ello, pero a quienes el gobierno llama eufemísticamente “vinculados”. Esos dineros son del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía) y se les entrega a las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS). Todo ello sin contar, además, que esos mismos fondos han sido usados por el gobierno, no para garantizar la salud a esas personas sino para servir la deuda pública comprando TES y para soportar la banca privada invirtiéndolos en CDT. Es decir, con los aportes de los trabajadores del régimen contributivo, de donde sale una fracción para solidaridad con los menos favorecidos, se guardan la espalda gobierno y banqueros en vez de utilizarlos para mantener abiertos y funcionando los hospitales de la red pública.
Estas consideraciones dieron como fruto la Declaración de Paipa, en la cual nos oponemos a la intermediación, verdadera generadora de corrupción, y abogamos por la Salud como un derecho para todos los residentes en Colombia en lugar de lo que existe actualmente que es la carnetización (otro instrumento mas de corrupción) para, supuestamente, recibir planes de salud, que son diferentes (es decir, mas limitados) según la estratificación económica de cada persona. También expresamos la necesidad de preservar la medicina como una profesión autónoma y con posibilidades de ejercicio digno para otorgar calidad profesional.
La verdad, cerramos la reunión contentos y optimistas, pero al llegar a Bogotá leí un artículo de la columnista Salud Hernández-Mora, titulado “Las mafias médicas”, con acusaciones contra “unos facultativos miembros de las mafias de las radiografías y los laboratorios clínicos”, que hablaba de atracadores tras bambalinas, de hospitales en donde se practican exámenes innecesarios, radiografías de varias partes del cuerpo aunque sólo hubiera una afectada, y otras afirmaciones realmente graves. Toda persona seria e interesada en el tema esperaría encontrar a continuación alguna idea sobre la ciudad donde esto ocurre, los centros de atención implicados y, en mérito a la seriedad y objetividad, los posibles autores materiales, intelectuales y cómplices. Sin embargo, la columnista no informa al respecto y en su escrito sigue lanzando acusaciones basadas en suposiciones.
El tema de la corrupción en salud es verdaderamente delicado y particularmente complejo, por esta razón los generadores de opinión deberían conocer cómo está estructurado el Sistema General de Salud y Seguridad Social y cuáles son sus instancias y niveles de responsabilidad, antes de precipitarse a señalar genéricamente a los médicos como parte de la corrupción existente.
Este tipo de afirmaciones desvían de la mira a los verdaderos responsables de delitos. Es una forma mas de decir que la salud colombiana está como está porque, si hasta ahora se ha dicho que los médicos y los demás trabajadores somos los que, supuestamente, quebramos los hospitales por nóminas costosas, ahora a alguien se le ocurre decir que lo hacemos porque somos una mafia.
Esas posturas no llevan claridad ni información veraz a los lectores. Generan resentimiento y animadversión de la población contra los médicos y demás profesionales de la salud, quienes tenemos como función social aliviar el dolor y dar esperanza a los pacientes y, paradójicamente, junto con ellos, hemos sido los mas afectados no solo por el sistema sino por la corrupción que se pretende denunciar. La manipulación y distorsión de la verdad y esta clase de generalizaciones producen, como consecuencia, mentiras particulares, es decir, el señalamiento perverso de falsos culpables y la protección implícita de los verdaderos delincuentes.
Es probable que entre los médicos y demás profesionales y trabajadores de la salud haya infractores de la ley, como lo hay en los demás sectores de la sociedad. Esas personas deben ser sometidas a la justicia y sancionadas ejemplarmente. Pero es injusto e inadmisible que se presente ante la sociedad colombiana a todo un grupo profesional como su enemigo al poner en duda su honorabilidad con tales aseveraciones y suposiciones. El cuerpo médico colombiano ejerce su labor dentro del marco de normas éticas muy estrictas, obviamente deseables también para otras profesiones.
El ejercicio profesional de la medicina en Colomba se rige por la Ley 23 de 1981 o Código de Etica Médica y por los Códigos de Procedimiento Civil y Penal. Todos los miembros de la sociedad colombiana estamos en la obligación de denunciar ante los Tribunales de Etica Médica a los médicos que hayan incurrido en faltas contra la ética o ante los juzgados municipales a quienes hayan cometido otros delitos. Lo que pasa es que para hacerlo no podemos basarnos en simples suposiciones ni lanzar hipótesis que corran el riesgo de no ser ciertas. Es obligatorio presentar los hechos y las pruebas objetivamente. No hacerlo convierte en cómplice de la corrupción a quien así actúe. Los columnistas deben denunciar y alertar a la sociedad desde las páginas de los periódicos y demás medios de comunicación informando al público objetiva y verazmente, como es debido, para preservar la honra de las gentes de bien.
La Federación Médica Colombiana ofrece a quien lo solicite, como en efecto lo hace en su función pública de asesorar al gobierno nacional y a los jueces de la república, todo el apoyo científico para explicar porqué en medicina las cosas pueden no ser lo que parecen ser, cuando alguien ignora porqué y cómo ocurren y evolucionan las enfermedades en el ser humano. Por otra parte, si cualquier persona desea adquirir conocimientos sobre el sistema de salud que rige a los colombianos, desde la perspectiva de los profesionales y los enfermos, puede contar con nuestra ayuda.
Somos conscientes de los vacíos que aún existen al respecto, pero si se estudia a cada persona que requiera exámenes, como señala la columnista, es posible establecer con un amplio margen de certeza si hay ineptitud, impericia o dolo en la actuación de un médico. Así, los responsables podrán ser juzgados y sentenciados por quien corresponde, los médicos podremos ejercer éticamente nuestra profesión y los periodistas serios seguirán informando al público como es debido y preservando la honra de las gentes de bien.
Afortunadamente la ciencia y el periodismo comparten, entre otros, un mismo principio: Objetividad.
SERGIO ISAZA VILLA
Presidente
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